California no es solo el primer ‘estado santuario’ de Estados Unidos, sino dando nombre a esa condición, tiene normativas que ofrece protección a la comunidad inmigrante del estado.
En los últimos tiempos destacan iniciativas firmadas por el gobernador Jerry Brown con este fin. En su momento, declaró el gobernador:
“Esta acción protege la seguridad pública y asegura que las personas trabajadoras que contribuyen a nuestro estado sean respetadas”.
Entre las iniciativas se suman leyes que a favor de los inmigrantes, como la Ley dual AB-130 y AB-131, llamada California Dream Act, que ofrece ayuda financiera a estudiantes para ingresar al colegio.
Brown también impulsó y firmó la AB-60 que expide licencias a los indocumentados.
Así como la SB-873 que creó un fondo para servicios legales a menores migrantes que llegaron a California de Centroamérica, y la SB 4 para extender la cobertura médica a niños indocumentados.
Las 15 leyes que debes conocer
La medida AB-291 protege a los inquilinos indocumentados de las chantajes de deportación que les que hagan sus arrendadores.
La nueva ley prohíbe todo tipo de acto hacia los inquilinos, quienes podrán demandar a los propietarios cuando eso ocurra o pasen injusticias por su condición migratoria.
De ser hallado responsable, el arrendador tendría que pagar indemnización de entre 6 y 12 veces el valor mensual de la renta del inquilino.
Esta normativa es en refuerzo de la AB-291 para modificar la ley actual.
Mediante la misma se prohíbe a que cualquier entidad pública, incluyendo al gobierno federal, exijir a los dueños de propiedades y administradores de edificios en renta a que obtengan o divulguen información basada en el estatus migratorio o la ciudadanía de los inquilinos o posibles inquilinos.
Es así que los inmigrantes que buscan vivienda no deben tener problemas debido a su estatus migratorio o vivir con desconfianza de que puedan ser reportados a las autoridades.
La medida asegura que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, puedan continuar aprovechando la educación a la que tienen derecho.
Esta ley también establece que los sistemas públicos de educación superior de California se abstengan de divulgar información de los estudiantes.
Con ella se elimina el acceso al campus sin previo aviso de agentes de ICE, y se proporciona ayuden a los estudiantes afectados por las políticas federales de inmigración, incluyendo asesoría legal.
Los estudiantes inmigrantes que provienen de países en conflictos como Afganistán, Irak y Siria, con estatus de refugiados, pagarán el mismo costo de matrícula que el resto de los estudiantes.
Asimismo tienen derecho a programas papa aprender el idioma inglés y otras habilidades necesarias para su integración.
La ley también ofrece un mejor apoyo educativo a los refugiados con una visa de inmigrante especial (SIV).
Y esto se da para quienes durante los conflictos han prestado servicio como traductor a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o en el Departamento de Estado.
Esta ley que entró en vigor el 1 de enero de 2018 y busca proteger a los trabajadores de ser detenidos injustamente en su lugar de trabajo.
Por ello exigen a los empleadores que pidan una orden judicial antes de conceder el acceso a los agentes ICE.
También ayuda a evitar que los empleadores compartan información confidencial de los empleados, como número de seguro social, sin no hay una orden judicial de por medio.
La AB 450, exige a los empleadores que notifiquen a los empleados antes de que se lleve a cabo una auditoría de los registros de los empleados (como el E-Verify) y que también proporcione al empleado los resultados de esas auditorías.
Esta ley ofrece protecciones y apoyo a los estudiantes inmigrantes al prohibir recopilar información sobre el estatus migratorio de los alumnos o de sus familiares.
Además vetar el ingreso a las escuelas públicas a agentes de ICE, para cualquier propósito, si no cuentan con una orden judicial.
También exige a los distritos escolares que tomen medidas para prevenir el acoso escolar debido al estatus migratorio percibido o real de un estudiante.
Los cuerpos policiales municipios y condados, no deben tener contrato con el gobierno federal o con empresas carcelarias privadas, y no podrán mantener detenido a nadie por cuestiones de inmigración.
Las que tengan contrato no podrán incrementar el número de personas detenidas a solicitud de ICE y tampoco se podrán construir más centros para inmigrantes.
La iniciativa busca impedir que las corporaciones o gobiernos locales continúen lucrando con el encarcelamiento de inmigrantes.
Esta directiva amplía el marco legal de la ley AB 540, aprobada en 2001 para que los estudiantes indocumentados en colegios comunitarios.
Pero también ayuda a que otros programas sean elegibles para ayuda financiera y pago de matrícula similar al resto de los estudiantes en el estado.
La SB-68 valida años pasados de estudios en colegios comunitarios y escuelas para adultos para cumplir con los tres años de estudios de secundaria para recibir ayuda a través de la AB 540.
Además, ley permitirá que más estudiantes puedan ser transferidos a planteles del sistema de universidades de California (UC y Cal State).
La ley establece que inmigrantes deberán ser asistidos para llenar los formularios necesarios para solicitar la ciudadanía estadounidense, así como recibir información sobre dónde obtener ayuda legal.
Se aplica a los inmigrantes con estas condiciones:
-que sean veteranos de guerra,
-que completaron o regresan del servicio militar o
-que son miembros de la Guardia Nacional en el estado.
Esta ley que protege la educación de los estudiantes de California. Requerir a los distritos escolares que admitan a hijos de padres que salieron del estado en contra de su voluntad, la mayoría de las veces por deportación.
Esta ley beneficia particularmente a quienes viven en ciudades fronterizas de México con California para que puedan acudir a escuelas públicas del kínder al grado 12 sin que tenga que cumplir con el requisito de residencia en el área donde se ubica el plantel escolar.
La medida convirtió a California en el primer ‘estado santuario’ del país al limitar la cooperación de los cuerpos policiales locales con las autoridades de inmigración.
La política de colaboración restringida con ICE se extiende a escuelas y bibliotecas públicas, clínicas de salud del estado y tribunales estatales.
Aparte de mantenerse como el primer estado santuario de EEUU, estas leyes a favor de los indocumentados siguen estando vigente, pese a querer ser vetadas por la actual administración.
Se mantiene que no se obligará a los empleadores a reportar el estatus de sus trabajadores. Además se anunció que se inspeccionarán los centros de ICE.
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