El presidente electo Donald Trump anunció el domingo la designación de quien estará al frente de su política de fronteras para gestionar su principal promesa de campaña: las deportaciones masivas, informa Univision Noticias.
Vía Truth Social indicó que quien estuvo al frente de ICE y partidario incondicional del control fronterizo Tom Homan, se unirá al gobierno entrante para estar «a cargo de las fronteras de nuestra nación”.
Homan participó en el primer gobierno de Trump como director interino de la agencia federal a cargo de las deportaciones, pero su mayor éxito lo tuvo a cargo de dirigir la unidad de arrestos y expulsiones (ERO) de ICE durante el gobierno de Barack Obama, quien durante sus dos términos expulsó a más de 2.6 millones de indocumentados.
Para implementar un plan mucho más agresivo de deportaciones Trump podría estar apelando a marcos legales vigentes. Uno de ellos es una vieja regla.
Durante su primer gobierno, el equipo político encabezado por Stephen Miller desempolvó la Sección 212(f)), una poderosa herramienta que le otorga al presidente poderes para cambiar partes de la ley de Inmigración y nacionalidad (INA) sin la aprobación del Congreso.
Ejemplos del poderío de esta sección lo constituyen la firma de dos órdenes ejecutivas por parte de Trump, el 25 de enero de 2017, una sobre la construcción del muro en la frontera y otra sobre la prohibición de las ciudades santuario.
“Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de la nación, puede hacerlo mediante proclamación y durante el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”, argumentó el decreto presidencial.
Y, además, estipuló que “lo mismo para el fiscal general. Cada vez que este funcionario descubra que una aerolínea comercial no ha cumplido con las regulaciones en relación con los requisitos de las aerolíneas para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a Estados Unidos (incluida la capacitación del personal en dicha detección), puede suspender la entrada de algunos o todos los extranjeros transportados a Estados Unidos por dicha aerolínea”, añade.
Y le concede amplios poderes para hacer excepciones, por ejemplo, con los cónyuges o hijos solteros o adoptados legalmente de un ciudadano o de un extranjero admitido legalmente para residencia permanente, o de un extranjero que ha recibido una visa de inmigrante”.
Los estragos causados por ambas órdenes ejecutivas todavía se siguen midiendo. Entre ellos, la separación forzada de miles de familias en la frontera con México, a cuyos padres en busca de asilo les levantaron cargos criminales por ingreso ilegal al país, una falta de carácter civil, para quitarles a sus hijos, algunos de apenas semanas o meses de edad.
Todavía hoy, seis años después, cientos de ellos no han sido reunificados con sus padres quienes fueron deportados solos a sus países de origen.
Nuevas prioridades de deportación
Ambos decretos presidenciales migratorios, además, incluyeron nuevas prioridades de expulsión, las que pusieron a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace décadas en el país en el banquillo de las deportaciones.
De acuerdo con declaraciones del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott -un día después de las elecciones-, Trump hará realidad la promesa de deportaciones masivas advertida durante la campaña. «Hará lo que casi todos los estadounidenses están de acuerdo que haga: comenzar con los criminales que están aquí», indicó Abbott a periodistas en la ciudad de Tyler.
Y agregó: “Trump ha dejado perfectamente claro que las deportaciones son un proceso. Comenzarán con los criminales y después de que termine con eso, mirará a otros lugares». Pero no sin antes establecer una nueva lista de prioridades.
E incluso, el presidente electo advirtió, casi al término de la campaña, que invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y que sólo se ha utilizado en tiempos de guerra, para llevar a cabo su plan de deportaciones de inmigrantes, amenaza que tiene en vilo a la comunidad inmigrante y organizaciones que defienden los derechos civiles.
Los argumentos del presidente electo, sin embargo, no han sido clarificados para justificar una probable invocatoria de una ley que data de hace 226 años. “Los extremistas antiinmigrantes han utilizado repetidamente la retórica de la ‘invasión’ para dividir nuestras comunidades y promover su agenda antiinmigrante.
Trump ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos y, en recientes actos de campaña, llegó al extremo de prometer que, si es reelegido, invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar un programa draconiano de deportaciones masivas”, dijo días antes de la elección la Unión Americana de Libertades Civiles.
“Aunque Trump hizo promesas similares cuando estaba en el cargo (entre 2017 y 2021), sabemos que su administración sería mucho más agresiva en sus esfuerzos por utilizar esta ley de la era colonial para deportar a millones de personas. A continuación, desglosamos lo que esto significa para nuestras comunidades”, agregó la entidad.
El alcance de la Sección 212(f)
Cuando Trump invocó la primera vez la Sección 212(f) en 2017, dijo que los ciudadanos sirios que buscan refugio eran “perjudiciales” para el país y les cerró la puerta.
Aseguró, en aquel entonces, que había activado a vieja sección para “proteger a la nación contra el ingreso de terroristas extranjeros” y para “proteger al pueblo estadounidense de ataques terroristas por arte de ciudadanos extranjeros admitidos en los Estados Unidos”.
Similar argumento ha utilizado Trump en los ocho años posteriores, sobre todo durante el gobierno de Biden tras perder la elección de 2020, y en la campaña 2024 cuando se impuso hace unos días a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.
A principios de octubre Trump dijo durante una entrevista de radio con el presentador Hugh Hewitt que durante el gobierno de Biden 13,000 inmigrantes -que calificó de asesinos- entraron al país-.
La información, sin embargo, fue tomada de un reportaje de la cadena Fox News del 27 de septiembre basada en una carta que el director interino en funciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) envió a un comité del Congreso. El reporte indicaba que “decenas de miles de inmigrantes ilegales condenados por agresiones sexuales y homicidios deambulan por las calles en Estados Unidos”, sugiriendo que fueron liberados durante el gobierno actual.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consultado por Univision Noticias respondió diciendo que “los datos de esta carta (entregada por un alto funcionario de ICE al Congreso) se están malinterpretando.
Los datos se remontan a décadas atrás; incluyen a personas que ingresaron al país durante los últimos 40 años o más, la gran mayoría de cuyas decisiones de custodia se tomaron mucho antes de esta Administración”.
A pesar de ello, el presidente electo continuó propagando la tesis del ingreso de miles de miles de criminales, quienes fueron autorizados por el gobierno de Biden bajo una política que denominó de ‘puertas abiertas’.
Entre el 20 de enero de 2017 y el 5 de enero de 2023, la Casa Blanca respondió que la Administración era respetuosa del debido proceso migratorio, al tiempo que reconocía que el gobierno no tenía suficiente capacidad de respuesta para atender la crisis y solicitaba fondos de emergencia al Congreso para aumentar la seguridad fronteriza, aumentar el número de agentes de asilo y crear al menos 100 tribunales de inmigración.
A pesar de los esfuerzos, que incluyeron la redacción de un plan bipartidista en el Senado entre octubre del 2023 y febrero de este año, Biden no consiguió que se aprobara la iniciativa, detenida por el entonces candidato Trump para justificar su discurso de campaña.
El 16 de octubre, durante un foro comunitario organizado por Televisa Univision, Trump respondió a votantes latinos indecisos que “a ti te gustan las fronteras fuertes, a mí también. Teníamos la frontera más fuerte que hemos tenido en la historia (…) Hace cuatro años teníamos una frontera que era estupenda. Y, de nuevo, la gente entraba, pero entraba a través de un proceso legal. Era gente estupenda que entraba a nuestro país (…) Así es que lo que vamos a hacer es ser mucho más duros con el crimen”, aseguró. Pero no dio detalles respecto a sus planes.
Cabe señalar que la sección 212(f) otorga al presidente una amplia autoridad para implementar restricciones a la inmigración mediante proclamación.
Entre ellas, suspender la entrada de cualquier extranjero o de una clase de extranjeros o imponer restricciones a la entrada de una clase de extranjeros temporalmente si determina que la entrada de dichos extranjeros sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, como ocurrió en 2017.
La sombra del Proyecto 2025
De acuerdo con diversas fuentes, entre ellas el gobernador Abbott, el vicepresidente electo JD Vance y el Proyecto 2025, la estrategia conservadora divulgada por la Fundación Heritage y que fue escrito por más de 170 líderes conservadores y exfuncionarios del primer gobierno de Trump, en el primer año del segundo mandato serán deportados 1 millón de extranjeros indocumentados con antecedentes criminales.
“Trump ha dejado perfectamente claro que las deportaciones son un proceso. Comenzarán con los criminales y después de que termine con eso, mirará a otros lugares», puntualizó horas después del discurso de victoria. Pero advirtió que primero deberán conocerse las prioridades.
En 2017, poco después de emitidas las ordenes ejecutivas sobre el muro y las ciudades santuario, el entonces jefe de gabinete, John Kelly, dio a conocer la lista de prioridades de deportaciones aceleradas:
Si bien el presidente electo no ha mencionado cuál será su lista de prioridades de deportación, el Proyecto 2025, del cual Trump se desmarcó de su autoría, pero el parecido con su estrategia es imposible de separar, menciona una serie de grupos de inmigrantes que estarían en el banquillo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual prometen rediseñarlo para “devolverlo a la misión correcta y el presupuesto adecuado”.
“Priorizar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, incluida la detención y la deportación, es fundamental si queremos recuperar el control de la frontera, reparar el daño histórico causado por la administración Biden, volver a un sistema de inmigración legal y ordenado y proteger la patria del terrorismo y las amenazas a la seguridad pública”, se lee en el documento.
Metas de la reestructuración del DHS
El Proyecto 2025 recomienda, entre otras medidas para llevar a cabo un plan masivo de deportaciones:
El 7 de noviembre, dos días después de la elección, Trump dijo a la cadena NBC durante una entrevista telefónica que, la seguridad en la frontera con México estará entre sus primeras prioridades cuando asuma nuevamente el control de la Casa Blanca, incluyendo su promesa de deportaciones masivas.
Cuando la periodista Kristen Welker le preguntó sobre el costo que tendría su plan, Trump defendió: “No es una cuestión de costo. Realmente, no tenemos otra opción. Hay gente que ha matado y asesinado, capos de la droga que han destruido países, y ahora van a regresar a esos países, porque aquí no se quedan. No es un asunto de… no es un asunto de costo”.
El presidente electo atribuyó su victoria del 5 de noviembre a su mensaje sobre la inmigración como una de las razones por las que venció a su adversaria, la actual vicepresidenta Harris. “Quieren tener fronteras y les gusta que la gente venga, pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente”.
No se espera que Trump dé a conocer cuáles son sus prioridades antes de que tome posesión nuevamente del control de la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.
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