Los inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresan a Estados Unidos bajo el programa conocido como CHNV ‘Parole Processes’ (‘parole humanitario’) y reciben una autorización de entrada temporal de dos años, tienen 24 meses para cambiar sus estatus de permanencia a cualquier otro programa legal disponible, entre ellos el asilo, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante una pregunta enviada por la redacción de Univision Noticias.
“Cualquier concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos años”, dijo un portavoz del DHS por medio de un correo electrónico. Y precisó que “aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
El ‘parole humanitario’ o CHNV fue lanzado en abril de 2022 para permitir que ciudadanos de Ucrania que huyen de la guerra tras la invasión rusa puedan emigrar de manera ordenada previa autorización por parte del DHS de un patrocinador que resida en Estados Unidos, sea un ciudadano o cualquier otra persona con un estatus legal de permanencia.
En octubre de ese año el gobierno de Joe Biden incluyó a Venezuela en el programa con el objetivo de disminuir la presión de ciudadanos de ese país en la frontera con México que huyen en busca de asilo en Estados Unidos. Y en enero de 2023 fueron agregados Cuba, Haití y Nicaragua.
El caso de Angélica
Angélica M. siente que los días se le van demasiado rápido y ruega porque el sistema le permita seguir avanzando en el proceso para pedir el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
El nombre de María M. es otro, pero pidió mantener su identidad en el anonimato para este reportaje. “Llegué a Estados Unidos el 11 de noviembre de 2022. Mi hermano sirvió de patrocinador y me enviaron la autorización para subirme a un avión en Caracas y volar a Miami. En el aeropuerto me dieron admisión temporal por dos años”, cuenta.
La inmigrante protegida bajo el CHNV dice que su hermano (el patrocinador) habló con un abogado y sometieron los documentos para pedirle el amparo del TPS. “Pero he tenido problemas con las huellas biométricas, no las aceptan. El FBI no las acepta y me dijeron que tengo que ir con la policía más cercana a que me den un certificado de buena conducta y con eso enviárselos al gobierno”.
María M. confía en que, una vez solucionado el problema, “me den el TPS y no tenga la angustia de qué haré si termina la protección que tengo. Ya se acerca noviembre y pido todos los días que esto se solucione para poder quedarme tranquila”.
José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, dice que el asunto del rechazo de las huellas biométricas ocurre “con personas que trabajan mucho con sus manos o han utilizado sustancias y las huellas se han borrado, no están legibles totalmente y las autoridades las rechazan porque sus dedos están deteriorados”.
Explicó que para estos “el documento que emita la policía es algo alternativo” y que con eso “se podría solucionar y verificar las huellas con el FBI”. Y en algunos casos “le pedirán al afectado los antecedentes penales de todos aquellos lugares donde ha vivido por más de seis meses en el tiempo que ha permanecido en Estados Unidos”.
A la pregunta si afecta el proceso de TPS al quedar fuera de estatus si se acaba el ‘parole humanitario’, guerrero dijo “miles de venezolanos que calificaron para el TPS habían acumulado tiempo ilegal de permanencia”.
Qué dice el reglamento
Al insistir en qué sucederá con aquellos extranjeros bajo el ‘parole humanitario’ que no hayan buscado ajustar sus permanencias bajo cualquier otro programa legal disponible, el DHS citó el reglamento publicado el 5 de enero del año pasado.
“El aviso inicial del Registro Federal dice lo siguiente: Cualquier concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos años. Durante este período de dos años, Estados Unidos seguirá desarrollando la estrategia multifacética y de largo plazo y colaborará con nuestros socios extranjeros en toda la región”.
La norma agrega que “estos esfuerzos tienen como objetivo apoyar las condiciones que reducirían la migración irregular, trabajar para mejorar el procesamiento de refugiados y otras vías de inmigración legal en la región, y permitir un mayor número de expulsiones de quienes continúan migrando irregularmente y carecen de una solicitud válida de asilo u otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
El portavoz del DHS añadió que “el período de dos años también permitirá a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a la economía estadounidense mientras lo hacen”.
Específicamente, en cuanto a aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, “deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
Qué pasa con los patrocinadores
En cuanto a la figura de los patrocinadores y su responsabilidad ante el gobierno al asumir el compromiso de hacerse cargo de los costos de permanencia del extranjero, Ezequiel Hernández, un abogado que ejerce en Phoenix, Arizona, explicó que “ellos tienen responsabilidad legal de asumir los gastos en que incurra el inmigrante, que no se convierta en una carga publica para Estados Unidos y eso incluye desde alojamiento, alimentación, cuidado médico, su transporte y su bienestar”.
“Obviamente, en caso de exceder el tiempo de permanencia y no haber ajustado el estatus de esa persona, les afectará, pero no tienen responsabilidad legal si la persona, por ejemplo, comete un crimen”, precisó.
“En caso el gobierno inicie un proceso de deportación, impactará directamente en el inmigrante bajo el CHNV. Puede que el DHS se contacte con el patrocinador para averiguar el paradero del beneficiario del ‘parole humanitario’, pero no irá a la cárcel por ello”, apuntó.
El TPS para Venezuela fue re-designado en septiembre de 2023 y el período de inscripción dura hasta el 2 de abril de 2025. Los posibles beneficiarios deben demostrar que están en el país desde al menos el 31 de julio de 2023. María M. entró al país en noviembre de 2022.
El último informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) indica que hasta agosto bajo el CHNV han entrado al país más de 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, casi 93,000 nicaragüenses y casi 117,000 venezolanos.
La CBP dijo que, “desde que el DHS implementó estos procesos seguros, ordenados y legales, los encuentros de nacionales de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos indocumentados en la frontera sur se redujeron en un 99%”.
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