Juez en juicio sobre parole no emitió orden temporal para suspenderlo, el fallo podría tardar meses

Un abogado del Departamento de Justicia presentó el viernes su alegato final ante un juez federal para mantener en vigor un elemento clave de la política de inmigración del presidente, Joe Biden, que permite que un número limitado de personas de cuatro países de las Américas puedan entrar en Estados Unidos por razones humanitarias, reporta Noticias Telemundo.

El programa permite la entrada al país de hasta 30,000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Texas y otros 20 estados de tendencia republicana han interpuesto una demanda contra esa iniciativa. Los inmigrantes que se encuentran en libertad condicional en virtud del programa cuentan con patrocinadores que cubren sus necesidades económicas en el país.

Brian Ward, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que el programa ha ayudado a los inmigrantes de estos cuatro países a huir de la violencia, la agitación política y la inestabilidad económica.

Agregó que el programa también ha ayudado a reducir la presión sobre los recursos y los agentes ubicados en la frontera entre Estados Unidos y México.

«El objetivo es reducir el número total de inmigrantes y disminuir la presión en la frontera suroeste», declaró Ward durante los alegatos finales del breve juicio realizado en un tribunal federal de Victoria, Texas, que comenzó el jueves y está previsto que finalice el viernes.

El juez federal Drew Tipton dijo que una «gran parte del mundo» vive en la pobreza, y agregó que visitó Haití y vio de primera mano las terribles condiciones de vida allí.

«¿El hecho de que vivan en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente?», preguntó Tipton mientras se presentaban los argumentos finales en el juicio en Victoria, Texas.

«Creo que probablemente no», respondió Elissa Fudim, abogada del Departamento de Justicia, que defiende al Gobierno federal en la demanda.

Esther Sung, abogada del Justice Action Center, uno de varios grupos defensores de derechos de los inmigrantes que apoyan al programa en la demanda, dijo que el Congreso «no ha visto con buenos ojos que se deje entrar a un migrante por razones puramente económicas».

Los abogados de Texas y otros estados dicen que el gran número de inmigrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos demuestra que los funcionarios están otorgando esos permisos en masa y no caso por caso como exige la ley.

Pero los abogados del Departamento de Justicia y grupos defensores de los inmigrantes argumentaron que las personas que emigran de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela no nada más huyen de las dificultades económicas, sino también de regímenes opresivos, de la escalada de violencia y de condiciones políticas que han puesto en peligro sus vidas.

Los partidarios del programa argumentan que este no aprueba a todos los que lo solicitan y que cada caso se revisa individualmente. No están de acuerdo con la afirmación de que se acepta a todo el mundo, y señalaron que se ha rechazado a personas que habían llegado a la fase final del proceso tras llegar a Estados Unidos.

No se dio a conocer ninguna cifra sobre el número de rechazos. Además, dijeron que el programa también ha ayudado a reducir la presión sobre los recursos y los agentes fronterizos en la frontera entre Estados Unidos y México.

Tipton cuestionó también las afirmaciones de los abogados de Texas, quienes plantearon que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes con permisos humanitarios. Texas tendría que demostrar que ha sufrido pérdidas económicas para poder tener legitimación procesal en el caso.

El juez preguntó en varias ocasiones a los abogados de Texas cómo podía el estado alegar pérdidas financieras si los datos muestran que el programa de permiso humanitario ha reducido realmente el número de migrantes que llegan a Estados Unidos.

“De hecho, en los últimos seis meses han gastado menos en gente de esos países”, dijo Tipton a los abogados de Texas.

Una vez concluidos los alegatos finales, Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa. El fallo podría llegar dentro de unos meses.

Pero el juez dijo que no se sentía cómodo emitiendo una orden temporal que suspendiera el programa de permiso humanitario en todo el país porque hay estados que señalan que la iniciativa los ha beneficiado.

El juicio comenzó el jueves y sólo un testigo ha rendido testimonio, un estadounidense que patrocina a un migrante nicaragüense que vive en Estados Unidos gracias al programa. La mayor parte del juicio se ha dedicado a los alegatos finales y a las preguntas de Tipton a los abogados.

A fines de julio, más de 72,000 haitianos, 63,000 venezolanos, 41,000 cubanos y 34,000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados a venir a Estados Unidos mediante el programa.

La demanda no se ha opuesto al uso del permiso humanitario para decenas de miles de ucranianos que llegaron tras la invasión rusa.

El programa de permiso humanitario estuvo disponible para los venezolanos en otoño de 2022 y luego se amplió en enero. Las personas que participan deben presentar una solicitud en internet, llegar a un aeropuerto y tener un patrocinador. Si se aprueba su solicitud, pueden quedarse durante dos años y obtener un permiso de trabajo.

Otros programas que el gobierno estadounidense ha puesto en marcha para reducir la inmigración ilegal también han enfrentado impugnaciones jurídicas.

Tipton, que fue nombrado por el entonces presidente Donald Trump, ha fallado anteriormente en contra del gobierno de Biden sobre a quién priorizar para la deportación.