Trump buscaría deportar a quienes llegaron a EEUU por parole y CBP One, según el NYTimes

La administración Trump está dando a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el poder de deportar rápidamente a los inmigrantes a quienes se les permitió ingresar al país temporalmente bajo los programas de la era Biden, según un memorando interno del gobierno obtenido por The New York Times.

El memorando, firmado el jueves por la noche por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, ofrece a los funcionarios del ICE una hoja de ruta sobre cómo utilizar poderes expansivos que durante mucho tiempo estuvieron reservados solo para los encuentros en la frontera sur para expulsar rápidamente a los migrantes.

También parece darles a los funcionarios la capacidad de expulsar a los migrantes en dos importantes programas de la era Biden que han permitido que más de un millón de personas ingresen al país temporalmente.

Esos programas —una aplicación llamada CBP One que los migrantes podían usar para intentar programar citas para ingresar a Estados Unidos, y una iniciativa que permitió el ingreso de ciertos migrantes que huían de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití— fueron pilares clave de los esfuerzos de la administración Biden para desalentar las entradas ilegales al permitir ciertas vías legales.

Los defensores de los inmigrantes también temían que el memorando pudiera aplicarse a los inmigrantes afganos y ucranianos traídos a Estados Unidos bajo programas separados.

La decisión indica que el presidente Trump intentará usar todas las facetas del aparato de control de inmigración para acabar con un sistema que, según él, ha sido abusado durante mucho tiempo, y que pretende apuntar no solo a aquellos que cruzaron la frontera ilegalmente, sino incluso a aquellos que siguieron vías previamente autorizadas para ingresar.

Seguramente también suscitará temores entre una amplia clase de inmigrantes, muchos de los cuales habían huido de condiciones desesperadas, creían que estaban en el país legalmente y podrían tener miedo de regresar a sus países de origen, a menudo peligrosos.

Los dos programas emblemáticos del expresidente Joseph R. Biden Jr. habían enfrentado fuertes críticas de los republicanos, incluidos los funcionarios de la administración Trump, por ser una forma de facilitar la inmigración ilegal bajo la apariencia de un programa gubernamental.

Los migrantes recibieron una subvención para permanecer en el país hasta dos años bajo un estatus legal temporal conocido como «libertad condicional». El memorando parece permitir su deportación, independientemente de si han llegado al final de ese estatus legal o si aún les queda tiempo.

En total, alrededor de 1,4 millones de migrantes ingresaron al país a través de los dos programas desde principios de 2023.

Un alto funcionario de Seguridad Nacional, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el esfuerzo se basó en la creencia de Trump de que los programas de inmigración de Biden nunca fueron legales y que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente deben ser expulsados rápidamente.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas migratorias de línea dura de Trump, ha dejado en claro que se opone a ambos programas.

“He aquí una idea: no envíen en avión a millones de inmigrantes ilegales desde estados fallidos a miles de kilómetros de distancia a pequeñas ciudades en todo el corazón de Estados Unidos”, dijo Miller en las redes sociales en septiembre.

La noticia del memorando fue recibida con críticas inmediatas por parte de defensores de los inmigrantes y ex funcionarios de Biden.

“Además de generar serias preocupaciones legales, someter a personas que cumplieron las reglas a un proceso de deportación sumaria es una traición escandalosa y sin precedentes”, dijo Tom Jawetz, abogado principal del Departamento de Seguridad Nacional de la administración Biden.

Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, un grupo de defensa de los inmigrantes, dijo que la decisión fue un error. Dijo que creía que el memorando también podría permitir que los funcionarios del ICE intenten deportar a inmigrantes de Afganistán y Ucrania.

“Las comunidades estadounidenses han abierto sus corazones y sus hogares a personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Afganistán y Ucrania”, afirmó.

“Castigar con este procedimiento de deportación sumaria a personas que hicieron todo lo que les pidió el gobierno, y muchas de las cuales tenían patrocinadores en Estados Unidos, es espantoso”.

El lunes, Trump ordenó a la agencia que cerrara los programas de la era Biden. Ese mismo día, Benjamine C. Huffman, el secretario interino de Seguridad Nacional, emitió un memorando por separado ordenando la eliminación gradual de todos esos programas. El martes, la administración amplió los poderes de deportación.

El jueves, el Sr. Huffman proporcionó orientación adicional a la agencia sobre las dos decisiones clave y cómo interactúan entre sí.

En el memorando, ordenó a los funcionarios del ICE que analizaran a los inmigrantes que la agencia “conoce” y que pueden ser deportados bajo las nuevas deportaciones rápidas, que eluden a los tribunales de inmigración, y que consideraran si deberían ser expulsados del país.

El memorando sugiere que los funcionarios prioricen a los inmigrantes que han estado en el país más de un año pero que no han solicitado asilo.

Como parte de eso, el memorando dice que los funcionarios pueden, si es necesario, decidir retirar la libertad condicional, una forma de estatus legal temporal.

Los migrantes traídos bajo los dos programas de la era Biden, así como otras iniciativas que involucran a afganos y ucranianos, se encuentran en el país bajo esa forma específica de estatus temporal.

Si los migrantes ya están en el proceso formal de deportación, que puede llevar años, los funcionarios del ICE pueden proceder a terminar su caso y colocarlos en el programa de deportación acelerada.

El memorando también proporciona a los funcionarios del ICE la capacidad de identificar a aquellos que han estado en el país bajo un programa temporal pero han permanecido más de dos años para procedimientos formales de deportación.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya ha impugnado en un tribunal federal de Washington los poderes de deportación acelerada. La demanda, presentada el miércoles, sostiene que la decisión viola la ley federal.

“La administración Trump quiere usar esta política ilegal para impulsar su agenda de deportaciones masivas y destrozar comunidades”, dijo Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU, en un comunicado.

“Ampliar las deportaciones aceleradas le daría a Trump una clave para burlar el debido proceso y la Constitución, y nuevamente estamos aquí para luchar contra eso”.

A continuación compartimos íntegramente el contenido del documento que fue publicado por el periodista Mario Pentón en sus redes sociales:

MEMORÁNDUM

Fecha: 23 de enero de 2025

Para:

Caleb Vitello, Director Interino, Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Pete R. Flores, Funcionario Principal en Funciones del Comisionado, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Jennifer B. Higgins, Directora Interina, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.

De:

Benjamine C. Huffman, Secretario Interino

Asunto:

Guía sobre cómo ejercer la discreción en la aplicación de las normas

El 20 de enero de 2025, firmé un memorándum titulado Ejercicio de la Discreción Apropiada Bajo la Autoridad de Parole. Ese memorándum aclara la posición del DHS sobre el alcance del estatuto de «parole», 8 U.S.C. § 1182(d)(5), y ordena una variedad de acciones para implementar dicho memorándum. También autoriza a los componentes del DHS a pausar, modificar o terminar, de manera inmediata, cualquier programa de «parole» que sea inconsistente con dicho memorándum, sujeto a ciertas condiciones diseñadas para garantizar que tales acciones sean legales.

El 21 de enero de 2025, firmé y transmití al Registro Federal un aviso titulado Designación de Extranjeros para la Deportación Acelerada. Este aviso amplía el alcance de la deportación acelerada bajo el máximo estatutario según 8 U.S.C. § 1225(b)(1), lo cual, como se explica más a fondo en el aviso, incluye a ciertos extranjeros que no han estado continuamente presentes en los Estados Unidos durante dos años.

Este memorándum proporciona una guía sobre cómo ejercer la discreción en la aplicación de las normas al implementar estas políticas.

«[El Poder Ejecutivo tiene autoridad exclusiva y absoluta para decidir si se procesa un caso.]» (United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 693 [1974]). Este principio se aplica con igual fuerza a la aplicación de las leyes de inmigración (United States v. Texas, 599 U.S. 670, 679 [2023]).

Para implementar efectivamente estas dos nuevas políticas, en consonancia con los principios de discreción discutidos anteriormente, les instruyo que tomen las siguientes acciones:

Para cualquier extranjero del que el DHS tenga conocimiento y sea elegible para deportación acelerada pero a quien no se le haya aplicado:

a. Tomen todas las medidas necesarias para revisar el caso del extranjero y consideren, al ejercer su discreción, si deben aplicar la deportación acelerada. Esto puede incluir pasos para terminar cualquier proceso de deportación en curso y/o cualquier estatus activo de «parole».

Para cualquier extranjero del que el DHS tenga conocimiento que no cumpla las condiciones descritas en (1) pero que haya recibido «parole» bajo una política que puede ser pausada, modificada o terminada inmediatamente bajo el memorándum del 20 de enero:

a. Tomen todas las medidas necesarias para revisar el caso del extranjero y consideren, al ejercer su discreción, si dicho extranjero debe ser colocado en procedimientos de deportación; y

b. Revisen el estatus de «parole» del extranjero para determinar, al ejercer su discreción, si el «parole» sigue siendo apropiado a la luz de cualquier cambio legal o fáctico.

Las acciones contempladas por este memorándum deben tomarse de manera consistente con los estatutos, regulaciones y órdenes judiciales aplicables. También deben llevarse a cabo de manera que se tome en cuenta la confianza legítima de los intereses involucrados. Es importante señalar que el «parole» es un ejercicio positivo de discreción que no otorga un derecho inherente al extranjero, y que el «parole» «no será considerado como una admisión de dicho extranjero» (8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A)).

Además, el proceso de deportación acelerada incluye una evaluación de elegibilidad para asilo, suficiente para proteger los intereses de los extranjeros que han solicitado asilo o planean hacerlo de manera oportuna.

Para maximizar la eficiencia, los componentes del DHS pueden priorizar a los extranjeros elegibles para deportación acelerada que no hayan solicitado asilo dentro del plazo legal.