EEUU: Cubanos con orden de deportación pueden favorecerse con fallo del Tribunal Supremo

Cientos de inmigrantes cubanos con orden final de deportación podrían cambiar su suerte tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que restituyó la política de la administración de Joe Biden sobre la expulsión de indocumentados, informa CiberCuba.

La Corte Suprema avaló este viernes la estrategia implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2021 sobre las prioridades de aplicar de la ley de inmigración y deportar a personas que constituyan amenazas a la seguridad pública.

La votación de los magistrados en respaldo a la política migratoria de gobierno fue de 8-1. Solo el juez conservador Samuel Alito se opuso al dictamen.

La decisión judicial constituye un segundo aire para miles de inmigrantes que se encuentran con orden final de deportación y no han cometido delitos graves durante su permanencia en el país, entre ellos un numeroso grupo de cubanos.

“Es una excelente noticia para las personas con orden de deportación, que no han cometido un delito que los descalifique para un beneficio migratorio, que hayan permanecido por un tiempo en Estados Unidos, y que tengan lazos familiares establecidos aquí”, dijo la abogada de inmigración Laura Jiménez.

Jiménez explicó que el fallo beneficiará a muchas personas que se vieron afectadas por irregularidades en su proceso migratorio y no tuvieron oportunidad de presentar debidamente sus casos ante una audiencia de inmigración.

“Mucha gente que perdió incluso su solicitud de asilo en corte o no se le entregó una notificación procesal a tiempo va a poder reabrir sus casos”, agregó la abogada.

De hecho, el fallo va a proteger a cientos de cubanos registrados con el documento I220B, y permanecen aún bajo arresto o supervisión con visitas regulares a una oficina del Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Es importante precisar que la política de expulsiones expeditas que entró en vigor tras la suspensión del Título 42 el pasado mayo continuará aplicándose para las personas que intenten ingresar al país de manera ilegal, sea por la frontera sur o a través de las costas de Florida.

“La política de la administración Biden de fronteras cerradas no cambia con este fallo de la Corte Suprema”, insistió Jiménez.

Pero es un respiro para muchas personas en limbo migratorio que ahora ven una luz al final del túnel.

En otras palabras, podrían detenerse deportaciones no relacionadas con entradas recientes por puntos fronterizos y que no puedan demostrar base legal para permanecer en territorio estadounidense.

En septiembre de 2021, las regulaciones de DHS establecieron que las autoridades de inmigración se concentrarían en detener y expulsar del país a personas con antecedentes criminales o con un comportamiento que constituya un peligro para la comunidad.

El plan gubernamental argumentó en sus normativas que con 11 millones de inmigrantes indocumentados las autoridades de DHS debía priorizar ciertos casos porque se carece de recursos para emprender detenciones y deportaciones masivas. La administración Biden se distanciaba así de la política de “línea dura” puesta en marcha durante la era Trump.

Pero en junio del pasado año el juez federal Drew Tipton falló a favor de una demanda de los estados de Texas y Lousiana para el plan gubernamental y forzar a las autoridades de DHS a deportar indiscriminadamente a todos los indocumentados, sin sopesar las características de cada caso.

Tipton, quien fue nombrado por Donald Trump, es el juez que tiene a su cargo el caso sobre el parole humanitario con patrocinio económico, que irá a juicio el próximo agosto.